Conferencia

Televisión de
interés público

Prospectivas en Medellín

Mayo 28 de 2009

El Cajón Te Ve - Consultores / Investigadores en Dinámicas Televisivas

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El Cajón Te Ve es un grupo interdisciplinario conformado por Alejandra Castaño Echeverri (Comunicadora Social y candidata a Magister en Estudios Humanísticos) y Mauricio Velásquez Hurtado (Maestro en Artes Plásticas y Especialista en Hermenéutica Literaria), profesores del pregrado en Periodismo de la Universidad de Antioquia y del pregrado de Comunicación Social Periodismo de la Corporación Universitaria Lasallista, respectivamente. Desde 2006 el grupo trabaja de manera independiente en la búsqueda de una conciencia de los usos televisivos desde la esfera pública. En la conferencia se darán a conocer los hallazgos encontrados en la investigación “2012: Prospectivas de la televisión de interés público de producción local en Medellín”, se presentarán en detalle los posibles escenarios de futuro en los que se desenvolverá la televisión de interés público local, y conoceremos indicadores de las dinámicas que rigen en la actualidad la relación entre los productos televisivos locales y sus espectadores.

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El Cajón Te Ve - Consultores / Investigadores en Dinámicas Televisivas

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¿De qué hablamos
cuando hablamos
de lo
público en Televisión?

Fragmento

Actualmente, la televisión en Colombia se encuentra sufriendo importantes transformaciones, tanto en el nivel técnico, como legislativo y comercial. En este contexto la televisión denominada pública en el país no ha tenido un papel preponderante, y, en su lugar, se ha limitado a acoger las decisiones estatales sobre el papel que en este escenario desempeñan los oligopolios tradicionales de la televisión privada, ya que, al fin y al cabo, de ellos depende su propia sostenibilidad. La televisión pública, en este marco normativo dictado por las leyes de mercado, podríamos decir que se encuentra tambaleante, al menos en lo que a su filosofía constitutiva se refiere.

Por lo anterior, me propongo realizar una revisión sobre los principales conceptos de lo público que actualmente se asocian a un medio de comunicación masivo como lo es la televisión. Y es que lo público en televisión se manifiesta de todas las formas conocidas: como bien y servicio, como espacio de encuentro y discusión, como aglutinador del interés general y como lo asociado a lo que es y a lo que no es estatal.

El televisor y la televisión

La televisión, como un bien, debe considerarse en dos aspectos: como el dispositivo receptor de la señal televisiva y como la señal misma, y como tal, es considerado un bien necesario para el 95% de las familias colombianas (según la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE en 2003). Lo anterior es esencial en términos de políticas públicas y regulación, ya que al ser un bien tan deseado por los hogares, debe ser eficiente y de calidad.

Como bien público, la televisión pública no excluye a nadie ni genera rivalidades. A su vez, la televisión colombiana pública, como bien, se categoriza de tres maneras. La primera, está asociada a la emisión de la señal, la segunda a la posibilidad de consecución del dispositivo y la tercera a la pluralidad y transparencia de la información. En la primera categoría, se afirma que la televisión pública no genera rivalidades, ya que el hecho de que la consuma un usuario, no hace que la calidad ni la disponibilidad de la señal de televisión varíe para el resto de usuarios que deseen consumirla. Pero para que un consumidor pueda ver la señal de televisión pública, debe, inicialmente, contar con el dispositivo para ello, en este caso, el televisor. Con una población que en un 95% posee el dispositivo, y por lo tanto se encuentran en capacidad de recibir la señal, hace que la televisión pública pueda ser considerada un bien público puro.

Hernando Gómez Buendía en su texto La Hipótesis del Almendrón, elabora una concisa arqueología del término: “León Duguit propuso su definición clásica desde el derecho (1931): ‘público es todo bien o servicio destinado a la satisfacción de las necesidades comunes e indispensables de los asociados’. En economía, Paul Samuelson (1954) formalizó el concepto de ‘bien público puro’, como aquel que sirve a varios consumidores y de cuyo consumo nadie puede ser excluido (o donde el costo de excluir a alguien supera al beneficio de hacerlo). Al lado del caso puro, la literatura económica fue identificando una serie de bienes no completamente privados es decir, de situaciones en las cuales la iniciativa privada no proveería una cantidad adecuada del bien o servicio en cuestión (Head, 1974; Lane, 1985)” (1).

Dentro del marco regulativo existente para la televisión pública en Colombia, encontramos que en la Ley 182 de 1995 del Congreso de la República se determina la Naturaleza Jurídica, Técnica y Cultural de la Televisión como “un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política”, y, como servicio público “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.

Más adelante, la misma ley determina que la televisión es un servicio público no esencial, lo cual no desobliga al Estado de garantizar, a través de su prestación, la satisfacción del interés general, al estar asociada la televisión con el derecho fundamental de la información (Constitución Política de Colombia, artículo 20).

Esta pues sería la primera acepción de lo público asociado a la televisión en Colombia: su carácter técnico, tanto como un bien y como un servicio. Pero nuestra legislación realiza distinciones más profundas, encaminadas a diferenciar la naturaleza de la prestación del servicio a través de la concesión del mismo, y es así como entra en juego explícitamente la dicotomía público/privado en términos de la señal, siendo abierta con la posibilidad de ser captada por cualquier dispositivo de televisión dentro del territorio nacional y cerrada o por suscripción, cuando su recepción sólo está autorizada a los suscriptores de la señal.

Es esta pues una dicotomía sostenida sobre los derechos de propiedad: “lo público está abierto a la pertenencia de todos con base en el principio jurisdiccional de la inclusión. En tanto que lo privado se basa en el referente antípoda. Aquello privado (…) significa una privación, vale decir una exclusión, una abstinencia” (2).

Ahora, la naturaleza pública de la televisión trasciende sus aspectos técnicos para entrar en el campo de la libertad de expresión y el acceso a la información como derechos fundamentales. Aquí la televisión cumple un rol crucial. Como vehículo de la información, la televisión pública presta un servicio que podría ser calificado de esencial, principalmente por el papel preponderante que los hogares le otorgan, ya que, de alguna manera, afecta sustantivamente la calidad de vida de las personas.

¿De quién es la televisión pública?

En los términos anteriormente descritos, sólo queda claro el hecho de que el espacio electromagnético por el que viaja la señal de televisión es propiedad del estado, pero, ¿a quién corresponde determinar y producir los contenidos de la televisión pública? Obviamente el Estado debe regular lo que allí se emite, intentando hacer prevalecer los valores y sin atentar contra las audiencias infantiles, pero eso ¿la hace también responsable de la producción? Retomando nuestra Constitución Política, con el mismo artículo 20 citado previamente, se trasciende el antiguo concepto de la libertad de prensa enunciado por la Constitución de 1886 para avanzar hacia el reconocimiento de la libertad de expresión de las ideas, el derecho a recibir información imparcial y veraz, establecer medios de comunicación socialmente responsables, el derecho de rectificación y la prohibición de la censura, pero, ¿cuáles son sus principales manifestaciones hoy?

En nuestro contexto, la televisión colombiana está regulada por la Comisión Nacional de Televisión, quien, entre otros deberes, asigna las frecuencias a los concesionarios del servicio y vigila los contenidos. Poco o nada hemos experimentado, por vivencia propia de la cotidianidad, los ideales comunicacionales de Jesús Martín Barbero, Germán Rey y otros quienes sueñan la televisión pública como el lugar de la construcción de ciudadanos plurales, heterogéneos, conscientes, capacitados para el debate y preocupados por el desarrollo de su sociedad (3). En su lugar, nos encontramos con canales de televisión gerenciados por personajes designados por las administraciones públicas, sin excepción, gerentes que, en consecuencia, deben garantizar a sus mentores la calidad de la información sobre su gestión, lo cual nos lleva a las consecuencias obvias de la programación televisiva pública con la que hoy contamos. La televisión, como bien público, debería tener garantizado el uso y acceso de los ciudadanos a ella, trascendiendo el papel de espectadores pasivos al cual han sido relegados por más de 50 años de historia del dispositivo en Colombia. Lo anterior ha sido tímidamente propuesto para los canales comunitarios y para aquellos sin ánimo de lucro, sin embargo, incluso en esos niveles, el acceso a los mismos está mediado por los intereses de su dirección. Esto nos lleva a una discusión fundamental: ¿quién produce la información en un contexto democrático como lo es el colombiano?

En primer lugar es necesario hacer énfasis sobre lo democrático, que, para el caso conjuga la existencia de unos derechos, los cuales pueden resumirse en libertad de asociación, libertad de expresión, derecho a elegir y ser elegido, disponibilidad de fuentes heterogéneas de información; garantía de elecciones regulares y de que las políticas públicas dependan de las preferencias y el voto de los ciudadanos. Dentro del tema que en este caso nos convoca, queda claro pues que el acceso a la información, la libertad de expresión y la transparencia de la comunicación pública, son esenciales en la configuración de una democracia. Una democracia es legítima si cuenta con canales de comunicación pública abierta a todos, siempre y cuando esté previamente acreditada por la sociedad civil, punto de partida de las utopías comunicacionales públicas: “hay democracia en la medida en que no sólo la gente se informa, sino sea capaz de contrainformar, de debatir y de que su palabra también sea pública” (4). Es el afán de legitimación de las propias ideas, sumado al sistema económico capitalista que en los últimos tiempos ha promovido la privatización de algunas instituciones públicas, lo que ha conllevado a la apropiación de los medios de comunicación por parte de oligopolios, llevándose consigo gran parte de la pauta publicitaria, disminuyendo los ingresos que por ese concepto tienen los canales públicos nacionales y regionales, lo cual ha favorecido la concentración de la información en pequeños grupos y, por ende, la prevalencia de la desinformación.

El contenido de los principales medios informativos privados, que, paradójicamente, son los que cuentan con mayor preferencia por parte de la audiencia, carecen de contenido, de análisis, su interés es la divulgación del poder político en lugar de la visibilidad de lo ciudadano. Esto último ha contribuido a la creciente apatía por parte de los ciudadanos hacia los asuntos públicos, permitiendo con ello que sean otros los que piensen y asuman la toma de sus decisiones.

Como bien lo afirmaba Alain Touraine: “La democracia se ve privada de voz si los medios, en lugar de pertenecer al mundo de la prensa, por lo tanto al espacio público, salen de él para convertirse ante todo en empresas económicas cuya política está gobernada por el dinero o por la defensa de los intereses del Estado. En los países industrializados existe el peligro de que el Parlamento sea absorbido por el Estado y los medios por el mercado” (5). Sin ser considerados como un país industrializado, en Colombia hace rato que comenzamos a transitar este proceso.

De ahí el interés por revalidar los ideales de la comunicación pública, específicamente en lo que corresponde al establecimiento de medios-espacios públicos donde los ciudadanos puedan participar sin necesidad de pasar por el filtro de las instituciones gubernamentales o los del mercado. (…)

Notas:

1. GÓMEZ BUENDÍA, Hernando y LÓPEZ MICHELSEN, Alfonso. La hipótesis del Almendrón. En: ¿Para dónde va Colombia? Santafé de Bogotá, Tercer Mundo, 1999.

2. VARELA BARRIOS, Edgar. Desafíos del Interés Público. Identidades y Diferencias entre lo Público y lo Privado. P. 21. Universidad del Valle. Cali, 2005.

3. Ver Televisión Pública, del consumidor al ciudadano. RINCÓN, Omar (Comp). Convenio Andrés Bello – Fundación Friedrich Ebert Stifung. 2001

4. BARBERO, Jesús Martín. Los oficios del comunicador. En: Revista Co-herencia. Revista de Humanidades- Universidad Eafit. P. 7. V. 2. Enero-Junio 2005.

5. TOURAINE, Alain. ¿Qué es la democracia? P. 220. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.1995.

Ver texto completo en
Elcajonteve.blogspot.com

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