Presentación

La resistencia
en Antioquia

—29 de junio de 2023—

* * *

Ver grabación del evento:

YouTube.com/CasaMuseoOtraparte

* * *

Andrés Felipe Ríos es un periodista alternativo que le apuesta a la formación de ciudadanía en Antioquia. Ha publicado trabajos de investigación como «Medellín, ciudad que atropella a sus habitantes con el desarrollo» y «El flagelo de las víctimas: corrupción, tramitadores y asistencialismo», además de columnas editoriales críticas e irreverentes en un esfuerzo por comprender la realidad que viven los pobladores del departamento. Su interés es promover el surgimiento de un colectivo solidario en medio de una sociedad convulsionada, apática y carente de identidad.

* * *

* * *

Este libro es una apuesta por la memoria del conflicto armado en el departamento de Antioquia. En él se pretende contar, por medio de un personaje en cada una de sus nueve subregiones, los hechos de violencia desde la década de los noventa hasta la actualidad, con situaciones que han destruido vidas y familias. Además, se añaden aspectos como el desarrollo histórico del conflicto y la violencia estructural, la identidad local que lo caracteriza y la resistencia civil que ha librado cada persona desde su liderazgo, para hacerles frente a estos hechos; es así como Vélez Nay canta rap por la minería ancestral; Flor Gallego lucha por los ríos y los desaparecidos del oriente antioqueño; Julio Rengifo denuncia a los combos delincuenciales en Belén y Altavista; Alexander Taborda crea una fuerte veeduría para mostrar la corrupción en la Cooperativa de Caficultores de Andes, que era la organización caficultora más grande en Antioquia; Alfranio Solano sigue hasta las últimas consecuencias reclamando su tierra en Urabá, ante el poderío de los grupos económicos; un periodista del Bajo Cauca relata lo que ocurre en esta subregión desde el anonimato para preservar su vida; un profesor indígena de Dabeiba enseña su cultura ancestral, sigue resistiendo ante la moral protestante y el conflicto armado; en Puerto Berrío tienen claro que el relato cultural del animero y el silencio los sostiene en el municipio, pese al conflicto entre las bandas; y en Ituango, Lina Zuleta le sigue apostando al feminismo como bandera de la resistencia en el departamento.

El Autor

* * *

Andrés Felipe Ríos

* * *

Los ríos llevan la memoria
de los desaparecidos en
el oriente antioqueño

Por Andrés Felipe Ríos

La excusa para desaparecer al esposo de Flor Gallego, un 9 de julio de 1996, era el haber adoptado a un niño en el seno de su hogar. Un menor al cual nadie había querido aceptar en la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, porque el grupo paramilitar del Magdalena Medio, liderado por Ramón Isaza, ya lo había dejado huérfano al acusar a sus padres de pertenecer al EPL. Lo dejaron a su suerte en una casa de familia, que al anunciarles el regreso por la criatura, por temor, lo entregaron a otros vecinos, estos a otros y estos otros se lo entregaron, por último, a Flor.

Cuando 5 hombres armados regresaron por el «muchachito», tenían más miedo que Flor Gallego (estando en embarazo), su esposo y sus cuatro hijos. Sin arrepentirse por acoger a este menor que todos rechazaban, confrontó a estas personas que tenían algunas insignias del Ejército. «¿Qué van a hacer con el «muchachito»? ¿Ustedes por qué se están llevando a los campesinos? Vaya métanse a esos montes y se enfrentan con los guerrilleros de fusil, vayan y peleen con ellos, pero ¿por qué con los campesinos?», increpó Flor a los cinco sujetos desesperados que no dejaban de vigilar alrededor y de hablar por radioteléfono; lo último que alcanzó a escuchar de palabras de parte de su esposo, Hernando de Jesús Castaño, antes de irse con el menor fue: «Mija, yo me tengo que ir con ellos. Cuídese mucho».

Solo 13 días antes, ya habían «despertado» y dado aviso a las dos de la mañana en la casa de sus padres, la Fuerza de Tarea Águila del Ejército de la Cuarta Brigada que atentó contra su vivienda con ráfagas de fusil, ni la sagrada Biblia ni la palabra de Dios se lograron escapar, como lo asegura ella. Ni los gritos de auxilio bastaron para que frenaran, solo se detuvieron cuando descargaron toda la metralla.

«Ese “polvero” y ese humero casi no[s] ahogaban, eran ráfagas de fusil y de M 60; nosotros gritábamos que auxilio, por favor no disparen más, somos una familia, después siguieron tirando granadas pero en otra dirección. Las balas se metieron al closet y traspasó todo lo que había, loza, libros, ropa, quedaron esquirlas en el chifonier, el muro casi lo tumban, el techo quedó vuelto colador, emparamándose totalmente, una hoja transparente quedó en pedazos, los bultos de sal y de cuido quedaron destrozados, el cuido se derramó todo, las lámparas caperuzas quedaron todas quebradas, las bombas de vidrio, los espejos, los cuadros, diplomas, todo quedó destrozado, todo lo de la cocina quedó destruido, la olla a presión nuevecita quedó traspasada, una guitarra que me habían prestado de cien mil pesos quedó destrozada, la sagrada Biblia que incluso tiene la bala incrustada» [1], relató Gallego ante la CIDH sobre lo que tuvieron que vivir sus familiares. En la Oficina de Investigaciones Especiales reposa la evidencia de bolsas, vainillas y munición de fusil identificadas con logotipos del Ejército Nacional.

El grupo paramilitar de Ramón Isaza llegó para combatir la subversión, porque en los años noventa llegó primero el EPL (Ejército Popular de Liberación) proveniente de la subregión de Urabá, luego el ELN (Ejército de Liberación Nacional) hizo presencia en la vereda La Esperanza, pero solo estuvo un periodo corto de tiempo; las tomas a la carretera de la Autopista Medellín-Bogotá por parte de estos dos grupos subversivos, le permitió a la Fuerza Pública, justificar la lucha para restablecer el orden del Estado en este territorio. En las confrontaciones armadas de ese entonces, quedó en medio la población civil, siendo estigmatizados y acusados continuamente de colaborar con la guerrilla. «Los ganaderos pidieron que colabore en el tema de la Esperanza, la palabra campesino la utiliza mucho la fiscalía y los derechos humanos, porque la guerrilla utiliza ese idioma, que mataron un campesino o que lo desaparecieron. Hay que ponerle la cara dura a la subversión porque definitivamente muchos son guerrilleros, porque de alguna manera u otra les colaboran. A nosotros nos tiran duro porque somos autodefensas y eso mismo lo tenemos que utilizar en muchas partes del país donde todo el mundo es guerrillero» [2], así lo afirmó en su momento el comandante paramilitar, Ramón Isaza, al programa Contravía.

Con este discurso el grupo paramilitar de Isaza justificó sus operaciones en la zona y desaparecieron otras 19 personas en la vereda, entre ellos a los familiares de Flor Gallego: sus hermanos Juan Carlos y Octavio, a su esposo Hernando y a su prima Irene; ésta última desaparecida directamente por el Ejército.

Según el informe del personero del municipio de Cocorná, en Antioquia, quedó registrado que las desapariciones efectuadas en esta vereda, están relacionadas con un ajuste de cuentas de las Acmm (Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio) por el secuestro del ganadero Alberto Ramírez, presunto jefe paramilitar de esta subregión. Una suerte diferente corrió el personero del Carmen de Viboral, para la época, Helí Gómez, pues su audacia para denunciar las primeras desapariciones forzadas ocurridas en la vereda La Esperanza; le costaron su vida. El 26 de noviembre del 96 los paramilitares lo asesinaron mientras caminaba por las calles del municipio, porque sus homicidas lo acusaban de pertenecer al ELN. En la memoria de sus habitantes quedó registrada la osadía del personero por negarse al silencio cómplice que rodeó a la Administración Municipal, en ese entonces, al ser catalogados estos hechos por la justicia internacional como un crimen de Estado.

Las continuas amenazas a Flor Gallego por denunciar estos hechos, la hicieron desplazar en el 2000 con sus cinco hijos a la zona urbana de Cocorná. Era frecuente ver la imagen de la madre llevando a Wilder «El Mono», Juan Diego y Claudia al lado; cargando a la bebé Jazmín en sus brazos y con Seleni jugando por su espalda. Posteriormente, en el 2001 sufre el Segundo desplazamiento al casco urbano de El Carmen de Viboral, al barrio Las Brisas que los vio crecer, lejos de las montañas de El Picacho y el río Cocorná donde están sus raíces.

Atrás quedaron esas mañanas dedicadas a la agricultura donde cultivaban café, caña, plátano y tomate. Los caminos de herradura fueron desapareciendo por el desplazamiento de las 120 familias y se olvidaron las tardes en que transportaban los productos en mulas para vender a los municipios cercanos de Marinilla, Cocorná, San Francisco y El Santuario. Como consecuencia les quedó el desarraigo del campo, las nuevas generaciones ya no saben trabajar la tierra, y en medio del desempleo, en su gran mayoría se limitaron a trabajar en los lavaderos de carros que hay en la autopista Medellín-Bogotá.

Dos años sin pronunciar palabra a las personas cercanas duró Flor, aunque seguía denunciando la situación que estaban viviendo, no terminaba de asimilar lo que había ocurrido, hacía la comida para los pequeños en silencio, amanecía cosiendo para vender la ropa y sostener el hogar, veía como las ayudas humanitarias les llegaban a otras personas que no tenían necesidad. Lavaba la ropa concentrada para intentar no pensar en el hecho victimizante de la desaparición forzada de sus hermanos y su marido.

En el año 2006 surgió el Movice (Movimiento de Crímenes de Estado), como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados «falsos positivos». Este movimiento a nivel nacional tiene la voz de esta lideresa, que luego de procesar el dolor por la pérdida, se vinculó a esta organización con el objetivo de encontrar la verdad de las personas desaparecidas, reclamando justicia, reparación integral y la no repetición de estos hechos de lesa humanidad.

«En Colombia hay 23 capítulos y otros a nivel internacional, no ha sido nada fácil, la persecución, el rechazo y la indiferencia del mismo Estado al no querer reconocer estos hechos. Las amenazas e incluso las desapariciones a personas que le han venido trabajando a este tema. En la vereda La Esperanza no ha sido un proceso fácil, allá tuvo que ver los agentes del Estado con la desaparición de nuestros familiares. Gracias al Movice se ha podido reconocer que hay paramilitarismo, que el Estado trabaja en conjunto con el Ejército y la Policía», cuenta Flor Gallego.

Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos les daría la razón, en 2017 declaró al Estado culpable por la desaparición forzada de 12 personas y el asesinato de otra, por la alianza entre las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y la Fuerza de Tarea Águila del Ejército. [3]

Como también les concedió la razón previamente, el 15 de junio de 2010, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, declarando la responsabilidad de la Nación, el Ministerio de Defensa, y el Ejército Nacional por las desapariciones entre los días 21 de junio de 1996 y 27 de diciembre del mismo año. Condenando a pagar una indemnización a las víctimas; que hasta ahora, es a lo único que se ha limitado el Estado, pero aún queda pendiente la deuda de admitir la responsabilidad y el esclarecimiento de los hechos, que aún siguen exigiendo los familiares.

En el oriente antioqueño es compleja la búsqueda de la verdad, de acuerdo con el censo Nacional de Memoria Histórica, hay alrededor de 2.792 desaparecidos de los cuales muy pocos han sido encontrados. Colombia aún tiene pendiente esclarecer el paradero de más de 120 mil personas víctimas de desaparición forzada. La búsqueda por la verdad desde los familiares de la vereda la Esperanza aún sigue vigente, es un caso de indiferencia por parte de las autoridades, de un proceso de 24 años, que para ellos no ha tenido descanso; día y noche continúan denunciando, porque sus familiares no desaparecen de sus memorias, de sus mentes y sus corazones; todavía siguen con la esperanza viva, aunque aún no hayan podido encontrar a nadie.

«Es una vergüenza que en nuestro país haya tantos desaparecidos y que Antioquia sea el departamento donde hay más población víctima. Queremos saber quién dio la orden, cuáles fueron los militares que la ejecutaron. Que se pare el asesinato de los líderes sociales, no más desapariciones, que el Estado no trabaje más con grupos armados; con este gobierno se fortaleció el paramilitarismo», lo manifiesta sin titubear Flor Gallego.

Acerca de las desapariciones y las ejecuciones ocurridas entre junio y diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza, el Estado no desmintió que estas hayan ocurrido. El objeto de la disputa es por la memoria y se relaciona con la participación de los agentes del gobierno en esos hechos; por su parte, los familiares de los desaparecidos han sido enfáticos en afirmar que fueron cómplices y que no se ha querido aceptar desde la institucionalidad.

El 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por estas desapariciones. Los familiares expresan vergüenza porque la Fiscalía habló sobre este proceso a partir de la ley 975 de Justicia y Paz, precisamente cuando estaba a punto de perder vigencia, entonces desde su relato aseveran que los llevaron al Magdalena Medio, donde operaba Ramón Isaza; en su lectura, solo para legalizar los recursos, porque tanto Isaza como alias «Macguiver», purgaron 8 años en la cárcel, pero nunca confesaron qué pasó realmente con los desaparecidos.

Para los familiares de las víctimas era muy duro escuchar, de boca de los victimarios, que los tuvieron varios días amarrados, vendados y que luego los tiraron en un terreno. Luego fueron a excavar en los lugares referidos por los verdugos, pero no encontraron a ninguno.

«Es terrible uno escuchar esto, la máquina trabajó desde la mañana hasta la noche y no encontró nada. Prácticamente esto lo hicieron para presentar algo, facturar los recursos que ya estaban asignados y después volvieron a hacer la búsqueda en el mismo territorio que no habían encontrado nada. Pese a que hemos soportado muchas mentiras de la búsqueda de nuestros desaparecidos, continuamos pidiendo la verdad. El Estado tiene pendiente el reconocimiento de decir la verdad en que los campesinos eran campesinos y no guerrilleros como los hicieron pasar. ¿Cómo nos dice el Estado que por la pandemia nos quiere hacer un reconocimiento virtual? Eso es un insulto para nosotros», aclara Flor con vehemencia.

De una manera directa, ante el testimonio y las pruebas de las víctimas, la CIDH estableció que hubo colaboración entre la Fuerza Pública y los paramilitares, porque estos últimos hacían lo que el Ejército no podía hacer. Intercambian información con listas de sospechosos de ser guerrilleros para que los asesinaran. Las continuas reuniones en La Piñuela dejaron constancia de sus nexos, como el préstamo de vehículos oficiales para que realizaran las ejecuciones extrajudiciales. [4]

Con la Fiscalía aseguran haber tenido muchas dificultades porque estudiaron a 90 soldados que estuvieron en La Piñuela, que es en Cocorná, el municipio contiguo al Carmen de Viboral, solo con el objetivo de tener algo que mostrar frente a la CIDH, pero la investigación la han dilatado porque en ese lugar solo hubo 9 militares implicados y no eran 90. Para los familiares es claro que el motivo fue prolongar las pesquisas y que la Fiscalía pudiera demostrar que sí estaban realizando su trabajo, cuando para los familiares no era así.

Cuatro versiones diferentes dio Ramón Isaza sobre el paradero de las víctimas: primero dijo no saber nada al respecto, luego aseguró que fueron los militares, incluido el General Alfonso Manosalva Flórez, y otros tres que ya habían fallecido, más tarde aseguró que los habían arrojado a unas fosas comunes, y por último, que los habían tirado a los ríos Magdalena, Samaná y Calderas.

Este ciclo de violencia sin esclarecer deja una herida y un duelo sin cerrar, expresado por Flor en este poema:

«Verdugos, ¡Malditos! Los asesinos que desaparecieron la vida, sembrando el dolor, incertidumbre y drama en la esposa, su hermana y su madre.

Qué buen amante has tenido montes y colinas donde te han escondido en clandestino. Tal vez muchos otros lloran y yo en el inmenso dolor me encuentro entre lágrimas fulgares.

Mi adorado, siempre tendrás vida. Eres el mejor amante, él que nunca se olvida. Lágrimas de sangre hemos derramado esposas, madres y hermanos preguntándonos por tu paradero para que dejes de ser desaparecido.

Nadie puede ni me ha explicado con certeza si fueron o no sobrevivientes, o si es el momento de los responsables. Cuando empezaron a desaparecerlos nos mostraron el sinsentido y la confusión.

Vi por la ventana, la puerta y el camino tus últimas palabras: “Mija, cuídese mucho”, solo quedaron tus huellas de la esencia y la mirada. Sigues a pesar de todo en el fondo de mi alma, ahí no desapareces. Sigues en el capital de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, soy testigo de ti y de los otros.

Hernando de Jesús Castaño, desaparecido el 9 de Julio de 1996 en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral, a manos del Ejército Nacional y las AUC, junto a mis dos hermanos Octavio Gallego y Juan Carlos, desaparecido el 7 de Julio de 1996».

Notas:

(1)	Caso vereda La Esperanza Vs. Colombia, sentencia de 31 de Agosto 2017, página 80.
(2)	Contravía, capítulo 177. Los desaparecidos de la Esperanza, parte 1.
(3)	Caso vereda La Esperanza Vs. Colombia, sentencia de 31 de Agosto 2017.
(4)	Caso vereda La Esperanza Vs. Colombia, sentencia de 31 de Agosto 2017, página 28.

Fuente:

Ríos, Andrés. La resistencia en Antioquia. Vásquez Editores, Medellín, diciembre de 2022, pp. 10-16.

* * *

Foto © Andrés Ríos